08/07/2017

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Los cinco grupos políticos respaldan una propuesta para garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.

Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castellón han firmado una declaración institucional en la que instan al Congreso de los Diputados a reformar la legislación procesal con el objetivo de "prohibir el lanzamiento o desahucio en los procesos judiciales cuando se trate de una vivienda habitual de persona o familia declarada en riesgo de exclusión social y los servicios sociales municipales desaconsejen el desahucio".

La declaración institucional, presentada por el grupo Castellón en Moviment, ha recibido el respalda de PSV, Compromís, PP y Ciudadanos. La propuesta se aprobará el próximo jueves en el pleno ordinario correspondiente al mes de agosto y también plantea que en estos casos "se establezcan los mecanismos de sustitución de la ejecución contra el demandado por una acción de retorno por daños y perjuicios contra la Administración Pública competente en vivienda durante el tiempo que la vivienda esté ocupada y se mantenga la declaración de riesgo".

La Corporación Municipal de Castellón recuerda que el artículo 47 de la Constitución recoge que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Por todo ellos, los grupos políticos con representación municipal consideran la necesidad de que el Congreso de los Diputados inicie una modificación legislativa que impida los lanzamientos o desahucios de la vivienda habitual en el caso de personas y familias en riesgo de exclusión social.