17/10/2017
La socialista Amparo Marco reitera la oposición frontal a cualquier intento de mantener el pago en la autopista o prorrogar la concesión.
La indefinición del Gobierno del PP en los últimos meses sobre el futuro de la autopista AP-7 comienza a tener respuestas. Los populares ya han dejado caer que lejos de estar por liberalizar la AP-7 en 2019, año en el que finaliza la concesión ya prorrogada en su día, van a seguir cobrando peaje aunque para maquillarlo lo han bautizado con el eufemismo de 'peaje blando'. La alcaldesa de Castellón, la socialista Amparo Marco, arremete contra estos "peajes blandos" que pretende imponer el Gobierno de Rajoy cuando acabe la concesión de la AP-7, según están dejando entrever los dirigentes provinciales del Partido Popular. "Castellón no quiere más peajes, quiere una autopista libre y gratuita, porque ya hemos pagado mucho por usar una infraestructura estratégica para la economía de la capital y la provincia", afirma.
Marco reclama al Gobierno que confirme la supresión de cualquier tipo de peajes tras la finalización del final de la concesión de la autopista de peaje AP-7, en 2019. "Pedimos que el Gobierno renuncie a fórmulas de gestión que nos obliguen a pagar por usar una autopista que ya la hemos pagado varias veces", indica. "No consentiremos que se nos imponga un nuevo peaje o que se saque de nuevo la concesión de la explotación", añade.
Las recientes manifestaciones de líderes del PP que anuncian la continuidad de peajes en la AP-7 son, a juicio de la líder socialista, "una muestra más del agravio al que estamos siendo sometidos por el un Gobierno que no quiere atender las reclamaciones justas de los castellonenses". Esta decisión, a su juicio, mantendría la situación de "marginación" con respecto a otras zonas de Castellón que tienen una reda de comunicación más moderna y gratuita.
Marco recuerda la situación de "colapso" que registra la carretera Nacional 340, con un exceso de tráfico y una siniestralidad preocupante. En ese sentido, reclama "un trato justo" desde el Gobierno central y "sobre todo, que se confirme de una vez por todas que dejará de haber un peaje en la autopista". "Es una demanda justa y estamos dispuestos a defenderla donde corresponda".
Colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado desde hace décadas el final de los peajes en la autopista AP-7. En pleno franquismo, entre 1971 y 1972, la sociedad Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años. El contrato de explotación debía haber concluido en 1998, aunque continua vigente tras haberse prorrogar en varias ocasiones.
