15/12/2015

Los tres grupos han presentado una moción para declarar a Castellón municipio contrario a los lanzamientos en hogares habituales.

Los grupos municipales de Compromís, PSPV y Castelló en Moviment han presentado una moción conjunta para que, en el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará el próximo jueves 17 de diciembre, se acuerde declarar a Castellón como municipio contrario a los desahucios de viviendas familiares habituales o de primera residencia por motivos económicos.

Además, la moción establece que se acordará que la "administración municipal no colaborará en ningún caso de procedimiento de desahucio de vivienda habitual así como prohibirá los desalojos de viviendas públicas por causas económicas sobrevenidas".

Los tres grupos políticos han establecido en la moción que se acordará con las direcciones de bancos y cajas "la realización de un censo de las viviendas vacías en manos de entidades financieras o que tienen como titulares a personas jurídicas, para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible", nunca superior al 30% de los ingresos netos de la unidad familiar. En caso de no tener ningún ingreso, se estudiará cada caso en particular para optar a diferentes ayudas por parte del Ayuntamiento de Castellón.

El Ayuntamiento igualmente pondrá en marcha, con la mayor celeridad posible, una Bolsa de Vivienda Social, "gestionada por los servicios municipales que incorpore viviendas sociales aportadas por la administración pública, bancos e inmobiliarias, propietarios particulares y otras entidades sociales y de la iglesia". Se promoverán también mecanismos de incentivo (fiscal, económico, etc.) para promover esta bolsa.

También se solicitará a las entidades financieras que operen en el municipio de Castellón la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procedimientos en curso, para poder buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento. Asimismo, se declararán entidades no gratas aquellos bancos, entidades financieras o inmobiliarias que no respeten el artículo 47 de la Constitución y se realizarán cambios en la normativa interna del Ayuntamiento para facilitar que éste trabaje preferentemente con bancos que no realicen desalojos de primera vivienda.

La moción conjunta compromete a los grupos de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment a dar apoyo a iniciativas, plataformas y espacios de debate en defensa del derecho de vivienda que se organicen en nuestro municipio, así como a realizar campañas informativas sobre derechos en casos de ejecución hipotecaria y derechos de información ante las entidades financieras.

El Ayuntamiento mantendrá una estrecha colaboración con Juzgado, Audiencia Provincial y Colegio de Procuradores para facilitar que, cuando se encuentren ante un procedimiento de desahucio, que junto a la citación a juicio y la copia de la demanda se acompañe un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia y de vivienda.

A través de la moción, el Consistorio se compromete a solicitar al EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat) que continúen las políticas públicas de acceso a viviendas, poniendo a disposición de la ciudadanía las que sean de su titularidad y que no estén afectadas por expedientes expropiatorios en curso, en régimen de alquiler social, prioritariamente. Así como impulsar un convenio de colaboración con EIGE para que el Ayuntamiento pueda gestionar directamente viviendas sociales para satisfacer demandas de urgencia. En este sentido, el Ayuntamiento de Castellón, tal y como anunció recientemente, se constituirá en colaborador de la Red Alquila de la Generalitat para facilitar la existencia de una bolsa de viviendas de alquiler accesible.

Así mismo, a través de la Oficina de Vivienda se atenderán las problemáticas derivadas de los desahucios y se ofrecerá información y orientación en el ámbito de la vivienda. El Ayuntamiento destinará los recursos necesarios para su funcionamiento. También se gestionarán de forma adecuada el parque de viviendas municipales para su ocupación por familias en riesgo social. Así como destinar recursos para su revisión y mantenimiento en condiciones adecuadas.

Por último, tal como ya anunció recientemente el Ayuntamiento, se establecerán vías de colaboración con empresas suministradoras para que no dejen sin abastecimiento a personas en situación de vulnerabilidad social que no puedan hacer frente al pago de los recibos.